Comunicado No. 26

17 de abril de 2018

Fitch Ratings mantiene la calificación de riesgo crediticio para Guatemala en BB con perspectiva estable

Luego de su reciente visita al país, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings confirmó, este martes 17 de abril de 2018, la calificación de riesgo crediticio de Guatemala en BB con perspectiva estable.

La decisión de Fitch Ratings se fundamenta en el largo historial de estabilidad macroeconómica del país, la disciplina de las políticas monetaria y fiscal, los bajos niveles de deuda pública respecto del producto interno bruto y una sólida posición del sector externo, reflejada en bajos niveles de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La agencia valora significativamente el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública, y resalta la continuidad y resiliencia del crecimiento económico interno, a pesar de varios episodios de inestabilidad política. La agencia calificadora indica que estos factores compensan, en alguna medida, el hecho de que Guatemala tenga una baja carga tributaria que limita la flexibilidad de la política fiscal, así como una posición menos favorable en los indicadores de gobernanza y de desarrollo humano.

Fitch Ratings expresa que la calificación podría ser revisada al alza si se observaran mejoras sostenibles en la recaudación tributaria y en el proceso presupuestario, que permitan una mayor flexibilidad a la política fiscal; un incremento en las expectativas de crecimiento económico e inversión; o una mejora en los indicadores de gobernanza y de desarrollo humano con relación a otros países con similar calificación crediticia.

No obstante, indica que la calificación podría ser revisada a la baja si se observa una reducción en el crecimiento económico producto de factores económicos o sociopolíticos (por ejemplo, una reducción sustancial de las remesas familiares, descontento social y retos a la gobernabilidad del país que puedan generar incertidumbre política); una continua erosión en la base tributaria que restrinja la flexibilidad de la política fiscal; o un estancamiento político que ponga en riesgo el financiamiento del gobierno o la efectividad de las políticas públicas, como podría ocurrir si no se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2019.

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