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BID apoya reforma de Ministerio Público en Guatemala para disminuir impunidad

7 de diciembre 2016

BID apoya reforma de Ministerio Público en Guatemala para disminuir impunidad


Un crédito por US$60 millones solicitado por el Gobierno de Guatemala y aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (sede en Washington DC) ayudará al Ministerio Público (MP) de Guatemala a reducir la impunidad. Su objetivo es aumentar la eficacia del MP en procesar las denuncias que recibe e investigar y llevar a juicio los delitos de más alto impacto social, mediante el aprovechamiento en el uso de los recursos de la institución, mejoras en la calidad de las acusaciones, que preparan los fiscales para su consideración ante los jueces del Organismo Judicial, y una reducción de los tiempos de respuesta para atención al ciudadano.

Sólo el 2% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público culminan en sentencias condenatorias, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que indica que la probabilidad de ser enjuiciado es baja, contribuyéndo así al aumento de la tasa de criminalidad en un círculo vicioso. Se ha detectado que muchos crímenes violentos no son reportados a las instituciones del sistema penal, dada la percepción de la ciudadanía de la inutilidad de presentar estas denuncias.

El programa contempla una reingeniería de los sistemas internos del Ministerio Público, incluyendo una depuración de casos, una mayor automatización para acelerar el registro de algunas denuncias recurrentes (como pérdida o robo de móvil), y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y su capacitación, entre otros.

El programa también procura mejoras en el uso de datos estadísticos para sustentar la toma de decisiones en diversas áreas del Ministerio Publico.

También se financiará la ampliación de la sede actual del Ministerio Público para resolver la congestión actual de espacios y acercar la unidad de investigaciones criminalísticas a las fiscalías concentradas en dicha sede, y se financiarán estudios de victimización y percepción a nivel nacional para medir confianza en el sector justicia. Igualmente, se ajustará el sistema de gestión de casos, particularmente para delitos de maltrato a menores y violencia contra la mujer en la Fiscalía Distrital en Jalapa.

Entre otros impactos, el programa busca aumentar el número de sentencias anuales por fiscal de tres a cinco en cinco años y bajar el tiempo de procesamiento. Un ejemplo de este último es en cinco años reducir el número de días entre la fecha de recepción de la denuncia para delitos contra menores de edad y la presentación de una solicitud de acusación, de 307 a 200.

El crédito tiene un plazo de amortización a 25 años y una tasa de interés basada en Libor. De esta manera se busca agilizar todos los procesos de corrupción que se tienen en marcha, y de esta manera apoyar la política de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

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