112. BID y MINFIN firman convenios para administrar préstamos para sectores Pro Justicia y Ambiente
Dos importantes convenios de cooperación financiera en apoyo a los sectores Justicia y Ambiental por un total de U$52 millones fueron firmados este día entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, fondos que permitirán incrementar la eficiencia y acceso del Sistema de Justicia Penal en el país, por una parte, mientras que el segundo se orienta a consolidar el catastro físico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Los convenios de ambos préstamos fueron suscritos por el Ministro de Finanzas, Rolando del Cid Pinillos, y el representante del BID, Juan José Taccone, en el Salón Mayor del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, este miércoles 14 de los corrientes.
El primero, “Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal”, establece un monto de US $30 millones para reducir las barreras que dificultan el acceso a la justicia, en particular a las poblaciones marginadas del país. Con dichos fondos se financiarán tres componentes específicos: 1) Mejoramiento de acceso físico a la justicia, 2) Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia Penal y 3) Fortalecimiento en materia de investigación criminal y científica.
En el primer componente se financiará lo siguiente: a) La construcción de hasta 13 centros integrados de justicia con juzgados de turno de 24 horas y 7 días a la semana; b) La construcción de 5 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal; c) Hasta 15 remodelaciones de juzgados de paz; d) Hasta 5 comisarías tipo, estaciones o sub estaciones; y d) El equipamiento y construcción de hasta 5 fiscalías.
En este mismo convenio también se establece gestionar y dar seguimiento a la información que se genera en el sector Justicia, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y mecanismos de captación de datos de este sector en su integralidad, así como se financiará la generación de diagnósticos sobre los criterios y métodos para la captación, análisis, procesamiento e intercambio de información con criterios e indicadores unificados.
En cuanto al fortalecimiento de la investigación criminal y científica se financiarán las siguientes actividades: (a) capacitación en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba; (b) asistencia técnica y capacitación sobre utilización de elementos de alta tecnología para la investigación criminal y científica; (c) elaboración de protocolos forenses para establecer el rol de cada operador de justicia; y, (d) adquisición de equipos especializados, transporte y materiales para la investigación de campo, escena del crimen, análisis y verificación de las pruebas.
Los entes ejecutores de este primer préstamo será la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), en primera instancia, pero actuarán como entidades coejecutoras el Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
US$22 millones para modernizar Registro Catastral del Sistema de Áreas Protegidas
El segundo convenio de préstamo con el BID, “Programa de Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas”, establece un monto de US $22 millones que serán utilizados para establecer un catastro físico de las áreas protegidas del país y así contar con un registro geográfico de las áreas de gestión nacional que conforman el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). El ente ejecutor de los fondos provenientes de este préstamo será el Registro de Información Catastral (RIC).
Dentro de los programas específicos a financiar se menciona el catastro físico de las 92 áreas protegidas a través de la ejecución de tres fases: a) actividades previas; b) demarcación física de límites y zonificación de las áreas protegidas, y c) establecimiento catastral del área.
Otro componente se refiere a la procuración de servicios legales para asegurar la consolidación de la certeza jurídica mediante la inscripción de las 92 áreas protegidas a nombre del Estado. Además se financiará la implementación de anotaciones registrales sobre el uso de tierra y los títulos inscritos de aproximadamente 15 mil predios privados que se estiman están ubicados dentro de dichas áreas.
Asimismo será fortalecida la capacidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en cuanto a la administración del SIGAP, para lo cual se establecerá una base de datos sobre la tenencia y uso de tierra, así como un sistema de información ge referenciado e interconectado entre el RIC, el CONAP, el Registro General de la Propiedad y la Dirección de Bienes del Estado del MINFIN, lo cual supone un innovador soporte técnico de coordinación interinstitucional para uso de la información registral y catastral de estas áreas que son de suma importancia ambiental, social y económica para el país.
